Objetivos generales
– Conocer las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público.
– Conocer el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas en su actuación administrativa con los ciudadanos.
– Conocer cuáles son las prerrogativas o privilegios que la Ley le otorga a las Administraciones Públicas para conseguir los fines que le son propios.
– Conocer cuáles son los límites de esas prerrogativas que prevé nuestro ordenamiento jurídico.
– Conocer las especialidades en los procedimientos sancionadores y en materia de responsabilidad patrimonial.
Objetivos específicos
– Conocer las novedades que introduce la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, especialmente en materia de registros electrónicos y sistemas de identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, así como el cómputo de los plazos, y también las notificaciones a través de medios electrónicos.

– Estudiar el acto administrativo como instrumento principal e imprescindible que utiliza la Administración para adoptar sus decisiones, así como los requisitos que han de darse para que los mismos sean válidos y produzcan efectos jurídicos en los ciudadanos.
– Conocer el procedimiento que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración como garantía del ciudadano, así como las especialidades de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial y sancionadores.

– Conocer el sistema de recursos administrativos que los particulares puede utilizar cuando se vean afectados por una decisión administrativa que consideren que son contrarias al ordenamiento jurídico.

– Conocer cuáles son los requisitos, formas y circunstancias en las que se va a poder exigir responsabilidad patrimonial a la Administración de todo daño que pueda resultar de su actividad, y, en especial la responsabilidad de la Administración sanitaria del resultado dañoso producido en la salud del paciente por el que se reclama.

– Conocer el recurso contencioso-administrativo como medio de control judicial de la actuación administrativa que pueden utilizar los particulares o las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público, o entidades que ostenten la representación o defensa de intereses de carácter general ó corporativo, para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la Administración. Asimismo conocer la última modificación de la Ley 29/1998, de 13 de Julio de Jurisdicción Contencioso-Administrativa referida a la nueva regulación del recurso de casación.